El uso de Periscope como instrumento para la denuncia pública genera un acalorado debate entre la clase política mexicana. Esta tarde comenzó a circular una petición en la plataforma Change.org que busca recabar 7,500 firmas contra una iniciativa promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (InfoDF) y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para regular el uso de Periscope por servidores públicos como Arne aus den Ruthen, city manager de la delegación Miguel Hidalgo y uno de los rostros más reconocibles del uso de la app como instrumento de denuncia ciudadana.
La discusión se ha politizado. Ruthen acusa al exdelegado de Miguel Hidalgo Víctor Hugo Romo de impulsar una iniciativa que pretender censurar el uso de Periscope. Romo, por su parte, señala que la iniciativa solo busca regular el uso de la app entre servidores públicos. De acuerdo con información publicada por CNN Expansión, el InfoDF, CDHDF y la ALDF desarrollaron un foro del que se desprende un documento con recomendaciones para el uso de Periscope por parte de servidores públicos. Por su parte, información publicada por Reforma indica que el documento incluye “21 candados” para el uso de la app por funcionarios como Arne aus den Ruthen.
Entre la ilegalidad y la denuncia
La actuación del city manager de la delegación Miguel Hidalgo ha generado apoyos de la ciudadanía, que ha expresado a través de las redes sociales simpatía por su labor. Sin embargo, diversos especialistas han señalado que la actividad realizada por aus den Ruthen se encuentra “entre la ilegalidad y la denuncia”.
Ignacio Burgoa y Francisco Esquinca, abogados especialistas en propiedad intelectual y derechos humanos, respectivamente, expresan en un artículo publicado por Horizontal es un acto que, aunque legítimo, es ilegal. Ambos especialistas resaltan que el cargo de city manager es inexistente en el organigrama de la delegación Miguel Hidalgo –aus den Ruthen cobra como director general de Desarrollo Delegacional– y de la administración pública en general. Por otra parte, recuerdan que para fundamentar un acto de autoridad la Suprema Corte establece que “el servidor público debe expresar con toda exactitud el carácter con el que emite el acto de molestia, además del dispositivo, acuerdo o decreto que lo legitime para actuar.”
El mismo artículo reflexiona:
“Sin duda, que el Estado (en su pura forma de poder coercitivo) grabe a los ciudadanos y los amedrente, sin apego a la ley, trae un tufo autoritario, pues amplía la relación asimétrica entre los ciudadanos y las autoridades; sin embargo, la democracia, por definición, no puede oler a otra cosa que no sea a derechos.”
Al cierre de la edición de esta nota la petición publicada en Change.org requería de solo 378 firmas para alcanzar su meta de 7,500. El artículo publicado por los abogados Ignacio Burgoa y Francisco Esquinca en Horizontal puede consultarse en este enlace.
